Historia de los judíos en al-Ándalus. Sefarad - Los judios en España

SEFARAD. LOS JUDÍOS EN ESPAÑA

Formación y expansión de las comunidades judías en España

Los orígenes de la presencia de los judíos en la Península Ibérica son francamente inciertos. Las propias élites hebreas se ocuparon de diseñar varias mitologías genealógicas que alejaran a este pueblo de la crucifixión de Jesús, pues el estigma del deicidio los acompañó a lo largo de toda la Edad Media en Europa.

En la Alta Edad Media, la población judía de Hispania se decía descendiente de aquellos que habían arribado a la Península Ibérica antes de la destrucción del segundo templo en el año 70 de Nuestra Era. Quienes sostenían esta tesis afirmaban que los primeros judíos llegaron con la destrucción del templo por el rey babilonio Nabucodonosor, en el 583 antes de Nuestra Era. No faltaron quienes llegaron a afirmar que descendían de estirpes judías que llegaron a la Península en tiempos del rey Salomón junto a quienes por entonces eran sus aliados, los fenicios.

os judíos y el reino Hispano-visigodo

Cuando los visigodos se establecieron definitivamente en Hispania, las principales comunidades hebreas se localizaban en Tarragona, Tortosa, Sagunto, Elche, Córdoba y Mérida. La comunidad judía de Toledo iría cobrando importancia y aumentando su tamaño una vez que esta ciudad se convirtió en capital del reino visigodo a mediados del siglo VI.

La convivencia transcurriría sin demasiados sobresaltos hasta la celebración del III Concilio de Toledo, en el año 589, donde los judíos empezarían a ser vistos como una amenaza para la unidad religiosa del reino, como ocurriría nueve siglos después. Es a partir de ahora cuando se pondrían en marcha leyes antijudías, bien inspiradas directamente en las del Concilio o bien radicalizándolas.

unidad judía y Al-Andalus

No se puede descartar que años de política antijudía continua empujaran a las comunidades hebreas a apoyar directamente a los invasores musulmanes procedentes del norte de África en el año 711. Historiadores occidentales y musulmanes han puesto de relieve esta colaboración que consideran suficientemente probada.

Se ha tendido a asegurar, en este consenso, que fueron precisamente los mayores núcleos de población de confesión hebraica los que se mostraron como colaboradores más activos. El esfuerzo transgresor no fue en vano: las comunidades gozaron de la protección de las primeras autoridades musulmanas; gracias a ello, vieron crecer el número de miembros y la posición social y económica de los mismos mientras que, aquellos que habían sido convertidos forzosamente al cristianismo, pudieron volver al judaísmo.

Sin embargo, la libertad plena no existía en tanto que siempre serían considerados súbditos de segunda mientras no se convirtieran al Islam. A partir del año 716, con el establecimiento del califato omeya, algunos judíos pasarían a colaborar estrechamente con las autoridades andalusíes. La estrella de los judíos comenzó a apagarse cuando se vieron directamente implicados en las guerras civiles de los reinos de taifas que sangrarían Al-Andalus a partir del año 1031.

La presencia de comunidades judías en los reinos cristianos del norte peninsular que iniciarían la (re)conquista de los territorios musulmanes de Al-Andalus, es prácticamente obviada en las fuentes que se conservan entre los siglos VIII y IX. Tan sólo en la Marca Hispánica se poseen más testimonios, quizá porque al tratarse de un territorio que era parte del Imperio Carolingio, la cohesión social y política de redundaba en un aumento de los testimonios escritos, los cuales hablan de la importancia de la comunidad judía asentada en Montjuic.

Por lo que se sabe a través de otros pocos testimonios escritos semejantes y lo que se deduce de los mismos, las comunidades hebreas se hallaban perfectamente asentadas en los diferentes reinos cristianos y su marco legal estaba definido de modo concreto, en el caso de Barcelona, por ejemplo, por lo que marcaban los privilegios establecidos por los condes de Bacelona y los Usatges.

El Conde de Barcelona acogía a los judíos bajo su protección pero esto suponía -como ocurría con el resto de reyes de la Edad Media- que quedaban por completo a merced -más que en otros casos- del soberano y del derecho consuetudinario local.

re la aceptación y la desconfianza

Entre los siglos XII y XIII los judíos son aceptados y bien recibidos debido a la necesidad de repoblar los territorios conquistados a los musulmanes. Salvo problemas aislados y de carácter muy local, con la expansión política y militar del cristianismo, la convivencia con otras confesiones religiosas se hizo más fácil en estos territorios. Algunos cronistas de la época, como Ramón Llull, dan testimonio de esta situación. Sin embargo, el bagaje antijudío que arrastran consigo numerosas fuentes cristianas seguía vigente, alimentando un sentimiento de rechazo larvado que crecería a partir del siglo XIII.

Se puede asumir que los judíos nunca fueron totalmente integrados aunque sí ampliamente tolerados. Las dificultades económicas serias serían el detonante para un estallido antijudío en una acción convergente de los estamentos populares y las élites dirigentes. Y es que, con la persecución, todos ganaban: los primeros hallan un chivo expiatorio al que culpar de sus dificultades utilizando argumentos religiosos, mientras que los poderosos observan la utilidad de la demonización de los judíos como un recurso para desviar la atención de las iras de la población hacia sus propias personas.

La política de aceptación y protección que habían disfrutado los judíos de la Península Ibérica bajo el mandato de Pedro I, se hizo añicos por la guerra civil librada por este monarca contra Enrique II y los nobles rebeldes que lo apoyaban. La propaganda antijudía, que no había dejado de crecer en todo el siglo XIII y la primera mitad del XIV, mostraba ahora sus efectos en toda su crudeza. La propaganda del hijo bastardo de Pedro -Enrique II- nunca fue un secreto, y, tras el triunfo de los sublevados, las Cortes y las clases populares se lanzaron conjuntamente contra los judíos.

De 1366 a 1369, la comunidad hebrea vivió sus años más negros, en los que, a las confiscaciones se les sumó las sanciones económicas, el saqueo de aljamas y la matanza de parte de sus habitantes, aprovechando el desconcierto sembrado por la guerra civil.

Con el triunfo de Enrique II se puso de manifiesto quién era quién en la política antijudía. La casa Trastámara había utilizado la propaganda de rechazo al judío como un medio para ganar adeptos para su causa, desprestigiando así a Pedro I. En 1369 Enrique ordena suspender el pago de la deuda a judíos y musulmanes pero esta decisión vino dada por la resistencia que ciertos miembros de esta comunidad habían opuesto al avance de sus tropas.

En octubre de ese mismo año, un decreto de este mismo monarca ordena la satisfacción de la deuda en el menor plazo de tiempo posible. Las Cortes demandaron una prórroga en el plazo que, finalmente, sólo fue ampliado a dos meses por la estrechez económica que sufrían las aljamas, cuyos habitantes volvieron a experimentar un recrudecimiento del odio.

Esta elevación de la tensión tuvo lugar en las Cortes de Toro de 1371, donde se llegó a pedir la validez del único testimonio de un cristiano en los procesos civiles y criminales donde se viera implicado un judío. Sin embargo, una presión mayor si cabe sobre este colectivo vino por parte de los procuradores de las ciudades que llegaron a exigir el aislamiento de los judíos, la obligatoriedad de llevar un distintivo en la ropa que los identificara claramente y la prohibición de vestir prendas determinadas y de arrendar las rentas.

Enrique II apeló a la legislación de Alfonso XI para curarse en salud, y sólo accedió a las peticiones antijudías más circunstanciales, por decirlo así. No se validó la superioridad del testimonio de un cristiano en los pleitos civiles y criminales sino sólo en los criminales y con varios testigos. Tampoco dejaron de actuar como arrendadores y prestamistas, desarrollando esta función, incluso, para la Corona en ciertos casos.

hazo, acoso y expulsión

La protección dispensada por Enrique II a los judíos no impidió que a la muerte de éste el sentimiento contra esta colectividad se mantuviera intacto e, incluso, volviera a crecer debido a la coyuntura económica. Los pleitos se sucedieron a partir de 1379 junto con todo tipo de resistencias para evitar el pago de la deuda a los judíos. La situación empeoró para ellos cuando se vio comprometida la razón que justificaba la protección real: el manejo y gestión de las finanzas de la Corona.

Si se veían imposibilitados y maniatados para ejercer esta función -la minoría que la ejercía- toda la comunidad hebrea podía quedar desprotegida. Juan I, heredero de la Corona, tuvo que enfrentarse a un problema espinoso: la independencia del movimiento antijudío, es decir, el establecimiento de unos principios de base más definidos que serían alentados por predicadores exaltados fuera de la órbita de control de la propaganda original de los Trastámara.

La espiral de odio y rechazo tuvo como punto álgido el pogrom de 1391, que trajo como consecuencia una disminución drástica de la comunidad judía en la Corona de Castilla, tanto por los asesinatos como, sobre todo, por las conversiones forzosas o, de alguna manera, autoimpuestas. Burgos, Palencia, Toledo y Sevilla fueron las ciudades donde las aljamas resultaron más castigadas y donde el mapa religioso cambió de modo irreversible.

En Sevilla, numerosas sinagogas fueron cedidas a la Iglesia y los bienes de los más destacados miembros de la comunidad hebrea fueron parcelados y entregados a los colaboradores más directos del Rey. Se dejaba así el terreno abonado para intensificar la persecución por medio de disposiciones como las de las Cortes de Valladolid que, entre 1405 y 1412, promulgaron el enclaustramiento de las comunidades en sus aljamas.

La declinación del antijudaísmo a lo largo del siglo XV, fue dejando paso a la aversión y suspicacia hacia el converso, es decir, hacia aquellos que habían abandonado el judaísmo a favor del cristianismo. Muchos de ellos sufrieron el acoso moral de sus antiguos correligionarios que los tachaban de renegados y de sus nuevos hermanos de fe, quienes pronto comenzaron a sospechar de la sinceridad de sus nuevas creencias. La mirada suspicaz reparaba en aquellos hábitos gastronómicos, sociales y lingüísticos que pudieran sugerir, aunque fuera lejanamente, que el sospechoso aún no había roto lazos por completo con la comunidad judía.

La fundación de la Inquisición en 1478 y su puesta en funcionamiento en 1480, tuvieron en la aversión al converso uno de sus máximos exponentes. Aunque el clima era de creciente intolerancia hacia quienes aún profesaban la religión mosaica en la Península, lo cierto es que la institución inquisitorial se ocupó especialmente del nuevo motivo de preocupación para las autoridades eclesiásticas: los falsos conversos, entre otras cosas, porque se hallaban dentro de la jurisdicción y ámbito de actuación de la misma, a diferencia de los judíos que, al profesar otra confesión, escapaban al alcance del Pontífice.

A partir de entonces, seguirían acciones como la expulsión de los judíos en 1483 de las diócesis de Sevilla y Córdoba, y de los obispados de Jaén y Cádiz. Se trató de todo un ensayo de la Inquisición previo a 1492 y que contó en todo momento con el conocimiento y aprobación de los Reyes Católicos.

Fue el comienzo de una estrategia para romper vínculos entre la comunidad judía y los conversos al cristianismo, motivo que, de hecho, fue esgrimido de modo insistente en el decreto de expulsión de 1492, año a partir del cual comenzaría una nueva diáspora para los judíos de Sefarad, a la vez que los conversos verían cómo se les sometía a intensa vigilancia y cómo se cerraba para ellos cualquier posibilidad de acceso a oficios y privilegios, siendo necesario demostrar entonces la ascendencia de cristiano viejo.

(Autor del texto del artículo/colaborador de ARTEGUIAS:
José Joaquín Pi Yagüe )